Defensa del orden constitucional: excluyente premisa prioritaria de la Corte Suprema de Justicia

Defensa del orden constitucional: excluyente premisa prioritaria de la Corte Suprema de Justicia – Agustina O’Donnell

RF250760_72dpiEs del mayor interés analizar algunos fallos relativamente recientes, pronunciados por de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia tributaria. Tal interés no solamente radica en el sustento técnico jurídico con el cual están provistos, sino también por los criterios institucionales fijados en cada uno de ellos, en un contexto político, social y económico que los hace particularmente oportunos. Debido a la extensión, en general, de los procesos judiciales, los fallos de la Corte Suprema de Justicia, una vez que son dictados, no siempre resultan oportunos. Sin embargo, los que a continuación son motivo de esta reseña, en verdad lo son, y dan clara cuenta de sus preocupaciones, en el carácter de Alto Tribunal de justicia de la nación y guardián último de las garantías constitucionales que sus ciudadanos tienen derecho a gozar.

Como dice Alfonso Santiago (h), en “Apuntes metodológicos ¿qué podemos mirar en cada etapa histórica de la Corte” (publicado en www.todosobrelacorte.com), al citar a Robert Cushman:

“La Corte Suprema no realiza su función en el vacío. Sus decisiones sobre importantes cuestiones constitucionales sólo pueden ser comprendidas plenamente cuando se las observa en los escenarios de la historia, la política y la economía de los cuales surgieron”. Ella es a la vez reflejo y protagonista, “espejo y motor”, al decir de Schwartz, de la historia institucional argentina. La historia de la Corte Suprema argentina es en buena medida la historia de nuestro país vista desde la perspectiva de la actuación de una sus principales instituciones”.

La Corte Suprema de Justicia emite sus fallos el día martes de todas las semanas, y apenas unos días después las da a publicidad en su página web, una vez notificadas, para que no solamente las partes del juicio, sino toda la ciudadanía, tengan conocimiento de la opinión emitida en cada una de las materias de su competencia, que son todas. Así, la publicidad de sus propios fallos fue dispuesta por la acordada 2, del año 2004, y otro tanto estableció, años después, la ley 26.856, del 21 de mayo de 2013, para todo el Poder Judicial de la Nación, en ambos casos con el propósito de dar cumplimiento al principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, consagrado con especial énfasis en la Constitución nacional. Ello así por cuanto, en definitiva, por intermedio de sus fallos, la Corte Suprema de Justicia también participa de la formulación de decisiones de gobierno.

Los fallos emitidos en el curso del año 2014, en materia impositiva, dirigidas tanto a los contribuyentes como a los recaudadores, sean ellos de la esfera nacional o de las provincias, se refieren esencialmente a los límites y alcances de las potestades tributarias estatales. Es éste un aspecto que adquirió particular importancia en los últimos años, desde el momento en el cual tales potestades son ejercidas en forma intensiva a fin de contar con fondos suficientes para sufragar el inmenso gasto público.

Según explica el IARAF, en su último Informe Económico, dado a conocer el 12 de noviembre de 2014: “La última década podría considerarse en Argentina como el período de la carga tributaria sin límites”. Al expresarse de ese modo, el IARAF destaca que, en el año 2013, la presión fiscal efectiva fue récord (www.iaraf.org).

Esos fallos se dirigen también a los legisladores, porque el criterio de la Corte Suprema de Justicia es que no todo cuanto se convierte en ley es válido, pues, en materia tributaria, además, cualquier decisión debe ser razonable.

A principios de este año 2014 la Corte Suprema de Justicia dijo que no es razonable cobrar el impuesto a la ganancia mínima presunta –creado en el año 1998 por la ley 25.063– a una empresa que si bien tiene activos, no tienen ganancias, sino pérdidas, aun cuando éstas hubieran tenido lugar en un único ejercicio. Flexibilizó de esa manera el criterio por ella misma adoptado en el año 2010, al pronunciarse en la causa “Hermitage S.A.” (Fallos: 333-993), a raíz de eximir a los contribuyentes de la prueba sobre la imposibilidad o incapacidad de los activos para producir ganancias en el futuro. Habilitó así a una mayor cantidad a exonerarse del pago de ese tributo, previa intervención del Poder Judicial de la nación.

Para ello, la Corte Suprema de Justicia expresó: “…en el caso “Hermitage”, la Corte tuvo en cuenta, en síntesis, que el mencionado tributo se estructuró sobre la presunción de la existencia de una renta mínima inferida por la existencia o mantenimiento de activos y destacó que “la iniquidad de esta clase de previsión, se pondría en evidencia ante la comprobación fehaciente de que aquella renta presumida por la ley, lisa y llanamente, no ha existido” (considerando15), por lo cual, ante la demostración de que los resultados de la sociedad actora habían arrojado pérdidas, concluyó que, en tales condiciones, “el medio utilizado por el legislador para la realización del fin que procura, no respeta el principio de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas impugnadas son constitucionalmente inválidas en su aplicación al caso”.

Dicha decisión se adoptó en un año signado por la mayor cantidad de empresas presentadas con pedidos de concursos preventivos debido a factores tales como la disminución de ventas y las dificultades administrativas para importar, sean ellos insumos como también productos terminados.

El fallo delimita la aplicación del impuesto a la ganancia mínima presunta, al que en la causa “Hermitage S.A.” había calificado de adolecer una deficiente técnica legislativa, estrictamente a los fines que motivaron su creación, cuales son castigar la existencia de activos improductivos, pero que tienen capacidad de producir y con ello de generar ganancias; el fallo se dictó el 11 de febrero de 2014 en la causa “Diario Perfil S.A.”.

Afirmó también la Corte Suprema de Justicia que no corresponde practicar la retención del impuesto a las ganancias sobre los importes que –cualquiera sea su denominación– percibe el empleado con motivo de cesar en su empleo, sea por decisión del empleador, o por acuerdo de ambos, toda vez que, en razón de la desvinculación laboral, desaparece la fuente productora de las ganancias que, en el caso de las personas físicas, es precisamente el objeto del tributo, según la ley de su creación, con lo cual les está permitido a ellas la percepción, en forma íntegra, del resarcimiento de que se trate, sin retención alguna en concepto de gravamen.

Sostuvo en tal sentido (considerando 5° in fine): “…, resulta claro que el pago de dicha suma está motivado por la extinción de la relación laboral y, además, que el distracto de ese vínculo implica, para el trabajador, la desaparición de la fuente productora de rentas gravadas”. El fallo termina por aseverar, en su considerando 6°: “…corresponde concluir que la aludida “gratificación por cese laboral” carece de la periodicidad y de la permanencia de la fuente necesaria para quedar sujeta al impuesto a las ganancias en los términos del art. 2°, inc. 1°, de la ley del mencionado tributo”.

Tal criterio se adopta en una época caracterizada por constantes pérdidas de puestos de trabajo y de persistentes reclamos para rehabilitar la facultad de actualizar, en virtud de la inflación, el mínimo no imponible contemplado por la ley del impuesto a las ganancias. El hecho de hallarse omitida esa actualización implica, las más de las veces, que la retención del tributo se haga según la alícuota máxima del 35%.

Además, ello conduce a facilitar desvinculaciones de mutuo acuerdo, a cambio de una gratificación, en favor de empresas y empleados, los que por el hecho de no tratarse legalmente de una indemnización exenta por ley, con esta doctrina judicial no deberían ver disminuidos los montos percibidos como consecuencia de tales desvinculaciones. El fallo al cual nos referimos es del 15 de julio de 2014, en la causa “Negri, Fernando c/EN – AFIP-DGI”.

Este criterio fue también aplicado respecto de indemnizaciones por pago de servidumbres petroleras a personas físicas, o sociedades de hecho. Tal enfoque alcanza así, en general, a la indemnización cuyo pago es resultante de ocurrir la desaparición de la fuente productora de ganancias; ello ha ocurrido en los autos “Yparraguirre, Juan (TF 27.337-I) y otro c/DGI”, con fallo del 11 de noviembre de 2014.

Por otra parte, a pesar de la prohibición legal de actualización monetaria, que rige desde el año 1991, por la ley 23.928, de convertibilidad del austral, mantenida por la ley 25.561, de emergencia económica, del año 2002, la Corte Suprema de Justicia decidió adecuar el monto mínimo, exigido para la interposición del recurso ordinario de apelación, previsto en el art. 24, inc. 6), apartado a), del decreto 1285/58, que tramita directamente ante sus estrados. A partir del 16 de septiembre de 2014, ese monto mínimo pasó de $ 726.523,33 –que dispusiera el decreto 2126/91 y se mantuviera sin alteración alguna desde esa fecha– a $10.890.000 (acordada 28/14).

Para ello, partió de la interpretación teleológica y sistémica de las normas que rigen dicho recurso; esto es, han sido atendidos los fines prácticos de tal monto mínimo y su finalidad, a partir de su utilidad que, en el caso del recurso ordinario se dirige: a) limitar la competencia apelada de la Corte Suprema de Justicia para evitar la excesiva demora judicial; y b) asegurar su intervención como tribunal de última instancia únicamente en los casos en que se encuentren seriamente comprometidos los intereses patrimoniales de la Nación, objetivos que estaban desvirtuados –en palabras de la Corte Suprema de Justicia–, por el fenómeno de la depreciación monetaria y el consecuente deterioro del valor de la moneda desde aquella última actualización del año 1991.

Por esta razón, adecuó el importe de dicho recurso ordinario prescindiendo de las fórmulas matemáticas establecidas en el art. 10 de la ley 23.928, e invocando elementos objetivos de ponderación de la realidad, en el caso el monto del depósito que exige la interposición del recurso de queja, por denegación del recurso extraordinario previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial. Con relación a este caso, la acordada 27, dictada el mismo día , la fijó en la suma de $15.000, en lugar de los $ 5.000 que regía desde el año 2007, por la acordada 2 de ese año.

Expresó en este sentido el Alto Tribunal: “…el tiempo transcurrido desde que fue sancionada la ley 23.928 –marzo de 1991–, e inclusive desde que dicha derogación fue mantenida por la ley 25.561 –enero de 2002– ha puesto en evidencia el riesgo asociado a una progresiva extensión en la competencia apelada de esta Corte, como resultado del creciente número de causas que alcanzan el piso económico para acceder al remedio, frustrando el genuino propósito institucional perseguido por el Congreso de la Nación al instaurar –desde 1902– el recurso ordinario de que se trata para ante el estrado más alto de la República”.

Asimismo, agregó la Corte Suprema de Justicia: “…el arto 10 de la ley 23.928 sólo derogó el procedimiento matemático que debía seguirse para determinarla cuantía del recaudo económico de que se trata –indexación semestral según la variación de los precios mayoristas no agropecuarios–, pero que dejó incólume la potestad de la Corte Suprema para adecuar el monto y de este modo preservar fielmente el propósito perseguido por la ley al instituir este modo de impugnación”.

Dicha decisión se adopta en un ambiente de renovados reclamos de entidades profesionales y empresarias para que se rehabilite el mecanismo del ajuste por inflación, y así y por los mismos motivos indicados por el Alto Tribunal, el deterioro de la moneda en el tiempo, producto de la inflación, de público y notorio conocimiento, se habilite a las empresas para no pagar el impuesto a las ganancias sobre rentas ficticias, o que sólo son producto del fenómeno inflacionario, que incide directamente en el derecho de propiedad de los contribuyentes; fallo en los autos “Einaudi, Sergio, c/Dirección General Impositiva s/nueva reglamentación”, del 16 de septiembre de 2014.

Hace apenas unos meses, y con el derecho a la libertad de prensa como protagonista, dijo la Corte Suprema de Justicia que los fiscos no pueden recurrir a métodos hostiles para lograr la percepción de las deudas impositivas –el caso comprendía a medios de comunicación–, pues: “Los Estados no deben utilizar la aplicación de normas tributarias y de gravámenes como medio de presión directa o indirecta”. En el caso estaban “dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores”.

También señaló el Alto Tribunal (considerando 9°, segundo párrafo): “La “política fiscal” no puede ser utilizada como un instrumento para excluir a un grupo de los beneficios que se otorgan a todos los demás sectores de la economía y de ese modo indirecto afectar la libertad de expresión”. La cuestión en debate estaba referida al acogimiento a un plan de facilidades de pago: “…la garantía consagrada por el artículo 16 de la Constitución nacional, en lo que a materia tributaria se refiere, no importa otra cosa que impedir distinciones arbitrarias, inspiradas en un propósito manifiesto de hostilidad contra determinadas personas o clases” (considerando 8°, segundo párrafo) (autos “Asociación Editores de Diarios de Buenos Aire (AEDBA) c/EN – Decreto 746/03 – AFIP s/medida cautelar (autónoma)”, fallo del 28 de octubre de 2014).

Esa decisión fue emitida en un contexto de ejercicio intensivo de las facultades tributarias tendientes a la percepción de la renta pública, algunas de ellas sin sustento ni cobertura legal, como las de bloqueo de la CUIT (autos “FDM Management S.R.L.” –con fallo del 20 de agosto de 2014–, en los cuales fuera rechazado el recurso extraordinario presentado por la AFIP contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal, del 20 de febrero de 2014, que declaró por esta razón –y por considerarla irrazonable– la inconstitucionalidad de la resolución general 3358, dictada por la AFIP en el año 2012.

En fecha cercana el Alto Tribunal también dijo que los fiscos –en el caso se trataba del de la Provincia de Misiones–, no pueden inmiscuirse en las relaciones contractuales, y prohibir a los bancos la traslación a sus clientes del impuesto de sellos que grava a las operaciones monetarias, aunque dicha prohibición surja de una ley, Si bien este criterio se funda en que las provincias no pueden intervenir en la regulación de la actividad bancaria, reservada al Banco Central de la República Argentina por una ley federal, se adopta en un contexto de notoria y marcada presión fiscal provincial (considerandos 22 y 23) (autos “Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/Misiones, Provincia de y otro s/acción de repetición y declarativa de inconstitucionalidad”, fallo del 11 de noviembre de 2014).

La Corte Suprema de Justicia dijo, igualmente, que la omisión de la Provincia de La Rioja en sancionar la ley de coparticipación impositiva para sus municipios –ordenada por la Constitución provincial desde el año 1998– afecta la decisión de los constituyentes que así lo previeron y, consiguientemente con ello, la autonomía con la cual los arts. 5° y 123 de la Constitución nacional invisten a los municipios.

En ese precedente el Alto Tribunal expresó (considerando 11: “Es incuestionable que la omisión del dictado de la ley que coparticipa fondos entre los municipios lesiona el diseño mismo establecido por el constituyente, y que por esa vía la provincia transpone los límites de lo racional y razonable para la vigencia efectiva de la autonomía municipal (arg. Fallos: 328-175)”.

El considerando 13, primer párrafo, del fallo añadió “…no resulta posible sostener que el dictado de la ley –es decir, el acatamiento de la Constitución– queda condicionado a la concreción de acuerdos políticos entre provincia y municipios que en 16 años no han sido logrados. Al subordinar la realización del proyecto constitucional a la posibilidad o no de obtener esos acuerdos sin considerar la irrazonable demora en alcanzarlos, el argumento invierte una regla elemental del orden constitucional argentino, según el cual la Constitución materializa el consenso más perfecto de la soberanía popular; frente a sus definiciones, los poderes constituidos deben realizar todos los esfuerzos necesarios para asegurar el desarrollo del proyecto de organización institucional que traza su texto”.

 

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